Al voluminosos expediente judicial, en el que se investiga a la patota institucionalizada de Macri ( UCEP ), por sus persistentes ataques a personas en situación de calle, se le han sumado denuncias del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad y de entidades relacionadas con iglesias. Exponiendo una ostensible impunidad, le dieron una golpiza a una mujer embarazada.
La causa a cargo del Juez de Instrucción Ricardo Warley, ha completado los seis cuerpos. Hace pocos días el Observatorio de derechos Humanos de la ciudad, nutrió al expediente de nuevas denuncias, contra el grupo macrista que opera a la luz de la luna. Esas denuncias están acompañadas de un video donde se puede observar a los integrantes de ese grupo actuando violentamente contra personas indigentes en situación de calle, de forma ilegal, discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, actuando sin órdenes judiciales y con procedimientos llevados a cabo entre las 23 y las 4 de la mañana, infringiendo así fundamentales normas constitucionales.
A las denuncias del Observatorio hay que sumarle también, un documento sumamente crítico de varias organizaciones vinculadas a distintas iglesias, entre ellos El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión de Justicia y Paz de los misioneros claretianos, Puerta abierta Recreando de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados, que denunciaron el accionar despiadado, violento, discriminatorio e intimidatorio del grupo que lleva adelante la tarea de liberar las calles y plazas de la ciudad de personas desprotegidas socialmente.
Uno de los casos más resonantes y despiadados del accionar de la UCEP es el de la agresión a Carla Baptista, una embarazada de 30 años y madre de cinco hijos, ocurrida en la madrugada del 1º de octubre debajo de la Autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal. La mujer terminó con desplazamiento de placenta, golpeada en su rostro y hasta se temió por la pérdida de su embarazo. Baptista es una víctima directa de la UCEP, su testimonio en el juzgado complicaría al jefe directo de la UCEP ( Ministro Picardo ) y a los integrantes del grupo que fueron identificados por efectivos de la comisaría 18ª cuando la atacaron.
Mientras tanto el gobierno encabezado por Mauricio Macri, parece no tomar nota de que golpear, maltratar, intimidar y discriminar a pobres indefensos, es desde un organismo estatal, es una política reñida con el estado de derecho y humanamente inaceptable.
Video realizado por el Observatorio de Derechos humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
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